En la ganadora del Oscar de Justine Triet, Anatomía de una caída, un hombre muere tras caer desde el balcón de un chalet alpino. Su esposa es imputada, y lo que sigue en la pantalla no es solo un juicio penal, sino una disección pública y despiadada de su intimidad. En esa sala de tribunales, cada dolor previo, cada silencio, cada contradicción y cada vulnerabilidad no se utilizan para comprender qué pasó, sino para ser puestos bajo sospecha, retorcidos y relativizados por un sistema que busca que la verdad encaje en su relato. La película nos deja con una pregunta incómoda: cuando el sufrimiento humano entra al dominio público, ¿importa realmente la verdad de la víctima o el sistema solo busca cómo desarticularla para que no incomode?
Esa misma disección cínica es la que hoy resuena con fuerza el panorama social y político en Chile. Como psicoterapeutas, sabemos que el dolor psíquico, físico o sexual de una víctima no es una abstracción teórica: es una carne viva que entra a la consulta cargada de secuelas profundas. Sin embargo, como sociedad, parecemos oscilar peligrosamente entre la declaración formal de derechos y una banalización sistemática del sufrimiento ajeno.
La discusión actual en torno a la rebaja de sanciones para condenados por delitos graves —como violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la infancia— desnuda con crudeza esta crisis ética. Por un lado, vemos a las autoridades escudándose en formalismos y errores de procedimiento, refugiándose en la letra chica para eludir el fondo del asunto y evidenciando una alarmante falta de empatía institucional. Por el otro, el coro de analistas y politólogos se apresura a transformar el debate en una mera crisis de gobernabilidad o en un cálculo de resultados en las encuestas semanales, reduciendo el dolor humano a un trofeo o a una piedra arrojadiza entre facciones.
En ese cruce de tecnocracia y especulación política, se olvida por completo el sentido último de las sanciones: la reparación, la justicia y la verdad.
Al igual que en Anatomía de una caída, las estructuras de poder actúan con una fría indolencia. Fatigan a las víctimas, manosean los procesos y relativizan la agresión bajo la excusa de la forma por sobre el fondo. Se instala así un pacto donde el sufrimiento de los más vulnerables se vuelve transable y descartable.
Como sociedad, y especialmente desde la mirada de la salud mental, no podemos permitirnos la neutralidad ni la complicidad del silencio. Relativizar el daño grave no es solo un déficit de empatía; es avalar una cultura de la impunidad que destruye los cimientos de cualquier convivencia democrática sana. Sanar un trauma —tanto a nivel individual como social— exige restituir la verdad y reconocer incondicionalmente que el dolor importa.
Lo vivido durante estas semanas parece traducir los actos de nuestras autoridades en una cruda muestra anatómica de la caída de nuestras instituciones. Si como país normalizamos que la justicia se pliegue al tecnicismo o al cálculo político sobre las ruinas del dolor ajeno, habremos caído al vacío definitivo.
