El debate público, encendido por investigaciones periodísticas como las de Javier Rebolledo, ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda y dolorosa: la instrumentalización de las denuncias en los litigios de familia y las profundas falencias del sistema llamado a proteger a la niñez. Sin embargo, más allá de la casuística, esta discusión nos obliga a mirar el corazón del problema: el valor y la calidad de la prueba pericial, esa pieza clave que puede construir o destruir la convicción de un juez.
La conversación suele estancarse en la prevalencia de las “falsas denuncias”. Mientras la percepción pública puede ser de un “flagelo”, la evidencia académica, tanto nacional como internacional, tiende a ser más cauta. Se reconoce que, si bien las denuncias dolosamente falsas son un fenómeno empíricamente minoritario —oscilando entre un 2% y 10% según diversas fuentes (Droogenbroeck, 2015)—, su impacto es desproporcionadamente alto, especialmente en el contexto de disputas de custodia. No obstante, el foco en la intencionalidad de la denuncia desvía la atención del verdadero nudo crítico: la capacidad del sistema para discernir la verdad a través de la evidencia que se le presenta.
Aquí es donde el peritaje se convierte en el protagonista. En un sistema judicial colapsado, como han documentado extensamente investigaciones del Programa de Reformas Procesales de la Universidad Diego Portales, los jueces, sobrecargados de trabajo, depositan una confianza inmensa en los informes de psicólogos y trabajadores sociales. Estos informes no son una prueba más; a menudo, son la única luz con la que cuenta el tribunal para navegar la complejidad de las relaciones familiares.
El problema surge cuando esa luz es tenue o distorsionada. Investigadores de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile han advertido sobre la heterogeneidad y, en ocasiones, la falta de rigor metodológico en estos informes. La utilización de pruebas proyectivas, como el análisis de dibujos, como si fueran sentencias científicas irrefutables, es una práctica cuestionada que puede llevar a conclusiones erróneas (Manhey, 2018). Esta debilidad se agrava dentro del ecosistema del Servicio Mejor Niñez, donde la Defensoría de la Niñez ha constatado la persistencia de largas listas de espera y una supervisión insuficiente de los organismos colaboradores, creando un entorno donde la calidad puede ceder ante la urgencia y la falta de recursos.
Sin embargo, sería un error y una injusticia caer en la generalización y denostar el trabajo de todos los peritos. Estos profesionales operan en uno de los campos más exigentes y emocionalmente desgastantes del sistema, enfrentando el dolor humano en su máxima expresión, a menudo con recursos limitados y bajo una presión inmensa. Criticar los estándares y la falta de protocolos no es sinónimo de cuestionar la integridad de cada individuo; es un llamado a fortalecer un pilar fundamental de la justicia.
Por ello, la conclusión no debe ser la de desechar la prueba pericial, sino la de iniciar un debate técnico, profundo y urgente sobre su rol y sus estándares. Más que buscar culpables, debemos preguntarnos: ¿cómo garantizamos que cada informe que llega a un tribunal sea un faro de objetividad y no una fuente de confusión? La respuesta pasa por establecer protocolos claros y estandarizados, basados en evidencia científica y buenas prácticas internacionales. Implica avanzar hacia sistemas de certificación y especialización que aseguren la idoneidad de los peritos que intervienen en causas de alta complejidad. Y, fundamentalmente, requiere de una inversión real en el sistema, que permita una supervisión efectiva y condiciones dignas para quienes realizan esta labor crucial.
Fortalecer la prueba pericial no es un mero ajuste técnico; es una obligación ética. Es devolverle al sistema una de sus herramientas más poderosas para proteger a los niños, niñas y adolescentes, y para impartir justicia de una manera que sea, y también parezca, justa. Solo elevando el estándar de la evidencia podremos asegurar que la balanza de la justicia se incline siempre hacia la verdad, y no hacia el lado con el informe más persuasivo.
Referencias Bibliográficas
- Droogenbroeck, F. V. (2015). False Allegations of Child Sexual Abuse in the Context of Divorce and Custody Disputes: A Literature Review. Journal of Child Custody, 12(1), 20-41.
- Manhey, M. (2018). El peritaje psicológico en delitos sexuales: una reflexión crítica desde la psicología del testimonio. Repositorio Académico, Universidad de Chile.
- Observatorio de la Justicia Civil, Programa de Reformas Procesales Penales, Universidad Diego Portales. (Varios informes). Análisis sobre el funcionamiento y carga de trabajo de los Tribunales de Familia en Chile.
